Denuncia contra Presidenta es política y parte de un conflicto en fiscalía, afirma abogado
El abogado de la presidenta de la República, Joseph Campos, calificó de “política” la denuncia constitucional contra la mandataria planteada por la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022.
“Es una respuesta política a una situación jurídica que ni siquiera se ha precisado”, manifestó el letrado, en entrevista con RPP. Señaló que ello se colige a partir del cambio de actitud que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, tuvo respecto a este tema en el curso de dos días.
Refirió que el viernes, el despacho de la Fiscal de la Nación le notificó sobre la decisión de “investigar de manera diferenciada” al grupo de implicados en el caso de las muertes en las manifestaciones. Sin embargo, el día lunes, fue presentada la denuncia sobre el caso.
Eso se suma a la decisión previa de ampliar esta investigación ya que estaba pendiente incorporar nuevas denuncias y reprogramar diligencias, refirió.
“¿Qué pasó entre viernes y lunes jurídicamente? Nada”, señaló Campos. En tal sentido, consideró que la decisión de Benavides de denunciar a la presidenta Dina Boluarte responde a “una guerra interna dentro del Ministerio Público que ha tenido una onda expansiva”.
En ese sentido, el abogado consideró posible que la fiscal considere que en dicho conflicto -suscitado a partir de las acciones supuestamente irregulares de sus asesores- “el Poder Ejecutivo participa”.
“Irresponsable” y “sin sentido”
Con respecto a las figuras delictivas de homicidio calificado y lesiones graves, consignadas en la denuncia, Campos señaló que “ninguna tiene sentido”. Criticó también que “de manera irresponsable” se genere la presunción de que tanto los miembros del Poder Ejecutivo como policías y militares también serían responsables de estos hechos.
El hecho de que se haya alcanzado el caso al Congreso hace pensar también -dijo el abogado- que se busca “establecer otro foco de atención”, generando “una resonancia distractora frente a lo que le pasa” a la Fiscal de la Nación por el caso de sus asesores.
En cuanto al destino de la denuncia constitucional, señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso podría mantenerla en su seno hasta que termine el actual mandato presidencial o desarrollar en base a ella el procedimiento del antejuicio político.
De darse esto último y llegar al pleno parlamentario, el caso “va a tener que morir, porque no se puede desarrollar una acusación contra la Presidenta” en el Congreso, indicó.
Fuente: Andina Noticias